Dictan medida en centro Carcelario contra alcalde de Cumaribo en el Vichada

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El Juzgado 22 Penal de garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en centro carcelario, en contra del alcalde de Cumaribo (Vichada), Hermenegildo Beltrán Sosa.

Al burgomaestre le fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y fraude procesal, que lo exponen a una pena no menor a 6 años de prisión en caso de ser hallado responsable.

De acuerdo con la investigación, la comunidad indígena de Vichada ha reclamado ante el Estado colombiano supuestas contrataciones del alcalde, por medio de EPS en las que se ofrecen programas de prevención y atención médica, los cuales se facturan pero no se realizan o se prestan de manera irregular.

Del mismo modo, se le investiga penalmente por supuestamente alterar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al cambiar las condiciones de un extenso terreno de área rural a urbana, en el que posteriormente se construyó una clínica a pesar de la avalancha de denuncias de la población. “Con el cambio del Plan de Ordenamiento Territorial se le permitió la construcción de la clínica IPS Mutsaldani, para favorecer a sus amigos”, sostuvo la fiscal durante la imputación de los delitos antes mencionados.

Recientemente en una rueda de prensa, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez resaltó que la institución ha actuado con total determinación contra mandatarios que han logrado coaptar a los órganos de control que en muchos casos forman parte del mismo entramado de corrupción.

“El alcalde Hermenegildo Beltrán ha contrariado la voluntad de la comunidad que lo eligió depositando en él su confianza, pero se vendió a los intereses de una columna criminal que opera con los contratos de la salud dela población”, agregó la delegada del ente acusador.

Indicó además, que a pesar de las alertas tempranas y constantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sobre la desnutrición que impacta a este departamento, el alcalde Beltrán Sosa no se conmueve y continúa contratando con la IPS que aparece involucrada en los hechos. La medida de aseguramiento en centro carcelario se hace necesaria porque tiene influencia en el gobierno departamental y local por ser el ordenador del gasto del municipio en épocas electorales.

La fiscal señaló que “en libertad podría presionar a los testigos en su contra, afectar pruebas u obstruir a la justicia”. “Se hace necesario la protección efectiva a la comunidad indígena y obligarlo además a acudir a la justicia a responder por estos delitos”, concluyó la delegada de la Fiscalía General de la Nación.

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