Los efectos de una posible descertificación en la lucha antidroga

0
125
Por Andrés Martínez Zalamea

A pesar de que Colombia es la fuente del 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, esta es la primera vez desde finales de los años 90 que el país norteamericano pone en tela de juicio el compromiso de su más cercano aliado en América Latina para acabar con el narcotráfico.

El mandatario estadounidense manifestó el pasado 13 de septiembre, a través de un memorando, haber “considerado seriamente” designar a Colombia “como un país que ha fallado con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico”. Sin embargo, optó por no hacerlo, citando la cercanía entre los dos gobiernos, las crecientes tasas de interdicción de drogas y el reinicio de la erradicación forzada, la cual se vio disminuida desde 2013 por las negociaciones del presidente Juan Manuel Santos con las Farc.

No obstante, Trump ha advertido que mantendría la descertificación como “una opción”, mientras espera a que Colombia “muestre importantes progresos en la reducción de cultivos”, los cuales han visto un marcado aumento una vez Santos suspendió la erradicación aérea con glifosato, la piedra angular de un programa antidrogas de más de dos décadas y con un costo de más de 10 000 millones de dólares.

Fue en medio de la administración de Ernesto Samper, a raíz de la revelación de que había recibido financiación del Cartel de Cali para su campaña presidencial, la vez más reciente que Colombia no recibió esta certificación de parte del gobierno estadounidense. Una nueva descertificación pondría al país en la misma lista negra que Bolivia y Venezuela, naciones con gobiernos hostiles al país norteamericano.
¿Qué significaría una descertificación?

Según Luis Fernando Trejos, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, la amenaza de una descertificación posa una sombra sobre las ayudas y alianzas que el país tiene con el gobierno norteamericano, que pueden ir en contravía de la implementación del Acuerdo de Paz.

“Estados Unidos tiene comprometida una plata para el posacuerdo con el llamado Plan Paz Colombia y ellos pueden negarse a darnos ese dinero (aproximadamente 1,4 billones de pesos), si no modificamos automáticamente nuestra política antidrogas”, explicó Trejos durante el foro Historias y oportunidades del posconflicto, que tuvo lugar en Uninorte el 14 de septiembre, bajo la organización del programa de pedagogía para la paz Un Caribe.

Trejos sostiene que el punto 4 del pacto firmado con las Farc, que busca poner fin al problema de las drogas ilícitas, supone no dar un tratamiento policivo y represivo a este flagelo, sino abordarlo desde un punto de vista social. “Pero si Estados Unidos empieza a apretar la cuerda en eso vamos a tener que reiniciar la fumigación aérea, y eso va a atacar el proceso de implementación”, dijo.

“Esto de la descertificación es algo humillante. No puede ser que todavía hoy tengamos que estar pendientes de eso”, agregó el profesor Trejos, refiriéndose además a los efectos comercialmente negativos que acarrearía esa clasificación. “Pueden subir aranceles y nos la pueden poner complicada en el marco del TLC. Recordemos además que Estados Unidos es el único país con poder de veto en el Fondo Monetario Internacional”.

Trejos argumenta que la presión del país norteamericano para que Colombia revierta lo acordado tras cuatro años de negociaciones “es una grandísima violación de nuestra soberanía y nuestra independencia. Pero si ellos se empeñan en que fumiguemos – añadió –  vamos a fumigar. No creo que Santos vaya a sacar las uñas al final de la administración”.

De acuerdo con Trejos, el discurso estadounidense se ha centrado en el problema de la producción y no en el consumo, y no se pregunta qué hace el país norteamericano en cuanto a protección de fronteras y rutas de ingreso de narcotráfico.

También se refirió a las recientes declaraciones del ministro de Defensa colombiano Luis Carlos Villegas, en las que señaló que Colombia incautó 362 toneladas de cocaína en 2016 y Panamá 60, mientras que Estados Unidos solamente incautó 10 en el mismo período. “Por cada kilo que se incauta allá, aquí se incautan 44. Ellos son muy laxos en eso”, dijo Trejos.

El académico expresó su preocupación ante un “muy posible” triunfo de la derecha en las próximas elecciones presidenciales. “Ellos coinciden mucho en el discurso de Trump y volveríamos a esa época de calcar discursos y automáticamente se abran las puertas de la fumigación. Puede que eso reactive los círculos de violencia porque no se asumen las dimensiones sociales de la siembra de coca”.
¿Ha servido la fumigación?

La política antidrogas que implementó Estados Unidos en la década de 1980, bajo el mandato de Ronald Reagan, es una lucha que busca, según Trejos, reprimir la oferta y no la demanda. “Ellos en su país no dan la lucha como nosotros porque los costos son muy elevados. Por lo tanto, los muertos se ponen acá y el daño ambiental se pone acá”, anota.

Después de más de tres décadas de aplicar esa política de fumigación e interdicción aérea y marítima, para el académico poco o nada ha cambiado. “Cuando empezó esta política antidroga, todo el clorhidrato de cocaína del mundo salía de Colombia, Perú y Bolivia y el 90% se lo consumía Estados Unidos. Treinta años después sigue la ecuación igual: todo se sigue produciendo aquí en la región andina y se lo siguen consumiendo ellos”.

“Entonces por qué después de tres décadas fallidas no damos un giro a este asunto. No se trata de ir al extremo de legalizar todo, pero es curioso que ellos hayan vuelto la marihuana recreativa en varios estados mientras aquí sigue satanizada. Eso debe abrir la puerta a nuevos debates sobre qué hacer con el problema de las drogas”, puntualizó Trejos.

 

No hay comentarios

Dejar una respuesta