Cero, cifra que se queda en la utopía ante la creciente discriminación en Colombia

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El primero de marzo no es solo un día más en nuestro calendario, marca el día mundial de la Cero Discriminación, fecha en que personas de todo el mundo hacen una lectura de sí mismas y de la sociedad en la que viven, reflexionando sobre cómo estamos en materia de discriminación, ese comportamiento social que lleva a acciones u omisiones realizadas a personas, grupos o instituciones produciendo y reproduciendo desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades.

A pesar de compartir nuestra cotidianidad con una diversidad de ciudadanías plurales en pensamientos y costumbres personas con accionar plural en pensamientos y costumbres, sigue prevaleciendo en el país restricciones de privilegios u oportunidades a grupo sociales específicos, lo que conduce a la exclusión del individuo o tratos «desventajosos», estas personas afectadas por la discriminación son individuos pertenecientes a las denominadas minorías, pequeños grupos dentro de una sociedad, aunque hay muchos casos en los que estos grupos no son pequeños.

En Colombia según cifras preliminares del DANE[1] del 2018 cohabitamos aproximadamente 45,5 millones de personas que proyectan una visión diferente de su entorno y tiene una lectura de la realidad del país. Variables como la región, educación, religión y situación socioeconómica moldea dicha visión, y sustenta en muchas ocasiones estereotipos que se han venido reproduciendo a través de los tiempos en nuestra historia.

El arraigo y reproducción de modelos de conducta sociales y morales en los colombianos son parámetros de respuesta a las diferencias del otro, dejando al descubierto pensamientos o actitudes machistas, homófobas, de violencia intrafamiliar, discriminación por género y hasta una xenofobia lastimosamente en aumento, prejuicios que han llegado a naturalizarse peligrosamente.

Esta discriminación se experimenta frecuentemente en el país, diferentes medios de comunicación, organismos no gubernamentales y estrategias de medición lo corroboran, un ejemplo de ello es la Región Caribe, en la  última encuesta de “Cartagena Como Vamos” [2]2018, se encontró que solo el 18% de los encuestados respeta las personas con diversa orientación sexual, el 59% comparte que para acceder a puestos de trabajo en Cartagena hay discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género.

Pero no solo son discriminadas personas por su orientación sexual diversa, es muy bajo el indicador de los cartageneros que respeta las minorías étnicas, se llega al 32%, mientras que, al hablar de respeto por parte de la ciudadanía a las mujeres, un 26% considera positivo la conducta hacia ellas. Esto nos demuestra que “la heroica” es altamente discriminadora con una gran parte de sus habitantes.

La discriminación crea una brecha socioeconómica en la ciudad, la encuesta así lo concluye pues al momento de acceder a un trabajo la percepción ciudadana cree en un 47% que las minorías étnicas son desestimadas por motivos discriminatorios y un 52% de los cartageneros considera que las mujeres tienen una desventaja por estereotipos de los empleadores.

Mientras que, si nos trasladamos al departamento del Atlántico en Barranquilla el mismo instrumento de valoración “Barranquilla como vamos” [3] 2018, dice que el 44% de los entrevistados considera que no hay respeto hacia las mujeres y en el municipio de Soledad ese mismo punto de vista crece a un 49 %

Todos estos indicadores preocupantemente se traducen en acciones y respuestas contra colectivos como los LGBTI, donde la criminalización y la violencia policial aumento, esta última con agresiones físicas, detenciones arbitrarias y procedimientos policiacos irregulares contra mujeres trans en zonas de trabajo sexual según el informe “La Discriminación, la guerra que no termina” [4] de Caribe Afirmativo. Esto constituye una forma de criminalización de las personas LGBT más excluidas y vulnerables, ya que la Policía se basa en prejuicios y estereotipos acerca de las personas LGBT para asociarlas con ideas de peligrosidad, por lo cual muchas veces aplica medidas coercitivas de manera injustificada y arbitraria

En el 2017 se registraron 60 amenazas contra personas LGBTI, 11 más que las registradas en 2016. Los departamentos en los que más amenazas se registraron fueron Cundinamarca y Bogotá D.C.

En 22 casos se trató de amenazas colectivas contra parejas o grupos de personas LGBTI, o contra la población LGBTI en general, mientras que las otras 38 habrían sido amenazas individuales. Por lo menos 64 personas LGBT fueron amenazadas, tanto de manera individual como colectiva.

En 18 casos tuvimos información de los presuntos responsables de las amenazas. La gran mayoría fueron grupos paramilitares y otras bandas criminales pos-desmovilización ligadas al paramilitarismo, principalmente las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y en menor medida grupos autodenominados como La Cordillera, la Fuerza Revolucionaria del Pueblo y los Urabeños Unidos por Colombia.

Estos alarmantes datos nos lleva a convencernos de lo vital que es conocer el contenido y alcance de los derechos humanos, ejercerlos y hacerlos valer ante los órganos competentes. Si bien los principales obligados son las autoridades y los servidores públicos, todos debemos respetar los derechos humanos de las personas independientemente de su orientación sean heterosexuales, lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros, travestis. Para las personas con diferente orientación sexual, las decisiones más importantes de la vida, tales como las que se refieren al trabajo, el hogar, el matrimonio o si adoptarán o procrearán hijos, no son tan fáciles por los tabúes y discriminación que aún existen.

La ausencia de reconocimiento debe llegar a un límite en Colombia, todas las organizaciones y colectivos que trabajamos por la igualdad de derechos compartimos un solo objetivo, cero discriminación y total aceptación a los grupos históricamente vulnerados.

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