En el 2021 se registraron 38 muertes violentas de personas LGBT

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  • Ser una marica, travesti, machorra y prostituta en los territorios implica una condena para el ejercicio y la exigibilidad de los derechos, en los peores casos, una sentencia de muerte”. (Caribe Afirmativo, 2022).

En el décimo quinto aniversario de la muerte del inspirador de Caribe Afirmativo, Rolando Pérez Pérez, hombre gay asesinado el 23 de febrero de 2007 en Cartagena, hecho que aún sigue en la impunidad, presentamos nuestro informe sobre la situación de derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el Caribe colombiano, incluyendo a la subregión del Urabá, durante el 2021.

En este informe, disponible en el portal web de esta organización, se detallan las vulneraciones y violaciones que durante el 2021, año que constituye como un periodo de altas reclamaciones, exaltaciones, protestas y continuas movilizaciones de la ciudadanía, enfrentaron las personas LGBT en distintos territorios del país, donde se abrieron “profundas cicatrices y afectaciones ocasionadas por el conflicto armado, puesto que, la presencia y reconfiguración de actores/grupos al margen de la ley, y la consolidación de economías ilícitas proliferaron en el marco de una baja presencia estatal, colocando en altos riesgo a las poblaciones rurales, campesinas, comunidades indígenas o étnicas, entre otros grupos vulnerables, incluyendo liderazgos LBGT”, como afirma este documento, el cual asegura que la situación actual de la Región Caribe es “una remembranza de la época más cruel en la historia colombiana: amenazas, asesinatos, masacres y desplazamientos”.

Lo anterior es preocupante entendiendo que existen marcos legales que apuestan por la igualdad en sentido formal y material en países como Honduras, Brasil, México, Chile y Colombia. A su vez, en los distintos gobiernos se agudizan los discursos de odios y,
paulatinamente, se descuida la agenda de diversidad sexual y de género, o en el peor de los casos se desatiende las necesidades de este grupo poblacional.

Este informe es una apuesta de Caribe Afirmativo por recordar las vidas de las víctimas,
presentar objetivamente cifras y análisis con un enfoque sociopolítico, la construcción de
memoria, la reflexión sobre las violencias y la necesidad de asumir la responsabilidad de
plantear políticas de prevención, investigación, sanción y garantía de no repetición, con una
apuesta a romper con la impunidad estructural a normalizar la violencia social e institucional.

Los hallazgos que se presentan en este documento fueron recopilados de nuestro trabajo de campo, seguimiento a medios de comunicación, atención a la ciudadanía y solicitudes a
Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, gobernaciones y alcaldías, para así obtener información precisa y detallada de los casos de violencia ocurridos en los departamentos y municipios de la Región Caribe.

La triangulación de la información fue analizada a través de categorías previamente
establecidas que permiteron dar cuenta sobre la relación existente entre los hechos violentos y la orientación sexual, identidad o expresión de genero de las víctimas. Con base en ello, realizamos el informe anual, donde se narra, en primer lugar, los hechos violentos que atentan en contra de la vida y la integridad, como las muertes violentas y las tentativas de homicidio y feminicidio.

En segundo lugar, las violaciones a la libertad personal que comprenden las amenazas y el desplazamiento. Y, en tercer lugar, se mencionan las violencias cometidas por parte de la Fuerza Pública. Finalmente, se plantean una serie de recomendaciones y conclusiones generales.

Resultados
Con relación a los años previos, se mantiene la constante de aumento desde el año 2017. Se evidenció un aumento 100% con relación al año 2019, un 210% frente al año 2018 y un
acrecentamiento alarmante del 30 % con relación al 2017, año que coincide con el inicio de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que fue cuando se presentó un número menor de homicidios y feminicidios en la región.

Con base en esta información monitoreada por el Observatorio de DD.HH y la triangulación
de datos1 entregados por las instituciones sobre los casos registrados en la región, Caribe
Afirmativo reconoce que el mayor número de asesinatos en el 2021 ocurrieron en el departamento del Magdalena con un total de 10 casos, de los cuales 9 son registrados como feminicidios, cifra que se duplica en comparación con el 2020 y denota que la situación de violencia no ha presentado mejorías, tal como se reportó en el informe de DD. HH. “Vidas confinadas”. A este le sigue el departamento del Atlántico, el cual históricamente se había caracterizado por tener el mayor número de muertes violentas registradas hasta el 2020, y continúan los departamentos Sucre con 5, César y Guajira con 4, Bolívar, Córdoba y San Andrés con 3.

Estas cifras, indica el informe, podrían interpretarse a la luz de los retrocesos y la ruptura de los compromisos por parte del actual gobierno frente al Acuerdo de Paz, en donde se ha
permitido el ingreso y la reacomodación de actores armados ilegales lo cual se representa en una arremetida a los liderazgos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos.

A su vez, es importante tener en cuenta que durante este periodo en la clase dirigente política han crecido los discursos de odios que invisibilizan, recriminan y justifican los prejuicios y violencias, lo cual influye en que la agenda política entorno a la acceso, garantía y el restablecimiento de los derechos a personas LGBT no responda a la realidad, ni a las necesidades, es por ello que a 4 años de haberse aprobado la Política Pública Nacional LGBT mediante el Decreto 762 de 2018 no ha habido ningún avance en su implementación.

Según los casos conocidos, identificamos que el mayor número de víctimas de homicidios
fueron las personas trans con 9 casos, seguido por los hombres gays con 8 casos. Esta cifra se asemeja con lo acontecido en el 2020, en donde se registraron 14 casos de hombres gais y 8 muertes violentas de mujeres trans, siendo también quienes se presentaron con el mayor número de víctimas. Los otros dos casos que se registraron corresponden a mujeres lesbianas.

De los 20 casos registrados, 12 de ellos fueron cometidos con arma blanca, 2 fueron con arma de fuego, 4 con un objeto contundente o corta punzante y 2 no especificados.

Violencia, criminalidad y el uso de armas en el Caribe Colombiano Durante el 2021 en el Caribe Colombia se presentaron 38 casos de homicidios y/o feminicidios de los cuales 28,94% se cometieron con el uso de armas blancas y/o cortopunzantes. En Caribe Afirmativo realizamos a detalle el seguimiento a 20 casos en donde se precisaron a detalles. De los 20 casos documentados, se contemplan 11 casos en donde cometieron con armas blancas, 4 corresponde a hombres gais asesinados, (3 de ellos asesinados en sus viviendas urbanas y 1 en lugar de homosocialización), 1 de mujer lesbiana y 6 personas trans (2 encontradas en las personas en sus viviendas urbanas, 2 en el espacio público y 2 no existen detalles precisos).

Este tipo de arma es empleada por los agresores en aprovechamiento de la situación de
vulnerabilidad como se evidencia en los casos de mujeres trans y hombres gais que pueden
representar la premeditación, contundencia, sevicia y tortura. Por otro lado, las armas
cortopunzantes han sido empleado como una estrategia por el agresor para enviar un mensaje de reproche y humillación a la orientación sexual y/o identidad de género de género, como se evidencia en el caso de la mujer lesbiana asesinada en el departamento del Magdalena (Revisar tabla 4). Los homicidios y femicidios no contemplan clase social, pues muchas de las víctimas eran comerciantes, estudiantes, trabajadoras sexuales, defensoras de derechos humanos, conductoras de moto taxi, entre otros.

En Colombia las armas de fuego han jugado un rol en el ejercicio de la violencia homicida
relacionado con el accionar de la delincuencia organizada y de los grupos irregulares al
margen de la ley, una “cultura de la violencia” y la posesión de armas por parte de los
particulares. “En efecto, la violencia homicida en Colombia tiene tres grandes dimensiones.
Una relacionada con el conflicto armado, otra con la dinámica de la delincuencia común y el
crimen organizado, y otra relativa a la convivencia y conflictividad social. A pesar de contar
con dinámicas propias, estas dimensiones están estrechamente relacionadas entre sí, y
frecuentemente es difícil establecer diferencias categóricas entre estas” (ONU. S.f). Estas
dinámicas mencionadas están estrechamente relacionadas e históricamente han aportado
muchos hechos violentos. En ese sentido, se documentaron 2 casos en donde las armas de
fuego fueron usadas para perpetuar los crímenes de mujeres trans. La característica principal de estos casos se resume en la visibilidad de las víctimas y la actividad de liderazgo, las cuales fueron abordadas por actos de sicariato en la cual los individuos llegaron sin mediar palabras.

Por último, según la triangulación de datos de fuentes oficiales el 60% de los casos
no se da información sobre el uso de arma.

Ahora bien, en las situaciones tipificadas como tentativas de homicidio y/o feminicidio se han registrado 3, de los cuales 1 se hizo con arma de fuego como una forma de intimidación, pues se funde con las estrategias de intimidación por actores armados ilegales, los cuales realizaron disparos a la casa de la víctima. Y otro donde se usó un arma cortopunzante en el cual agresor dirige directamente su accionar a zonas corporales tales como el cuelloDe las otras conductas, el Observatorio ha conocido de múltiples acciones violentas hacia las personas LGBT por parte de la Fuerza Pública que fueron acompañadas de amenazas y de agresión física con armas de dotación (como bolillos, gases pimienta, paralizadores o armas de fuego), las cuales pueden llevar a que se pase de una amenaza a una situación de violencia física. En otros, se recurrieron a ejercer violencia con puños, patadas, llaves o con cualquier objeto a la mano.

La situación de amenazas en los territorios de incidencia es preocupante, puesto que las
personas LGBT se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad debido a que los
grupos armados y particulares que recurren a tácticas de control social y de obstrucción de
derechos bajo la reproducción de prejuicios asociados al género y la sexualidad.

Esta situación de vulnerabilidad se agudiza cuando la persona sexualmente diversa ejerce labores de liderazgo social, participación política y defensa de derechos humanos enfrentan un doble riesgo en estos contextos.

El 71,42% de las amenazas se realizaron mediante panfletos distribuidos en lugares públicos donde se reprodujeron expresiones como “maricas”, “areperas”, “promiscuos”, “desviados” o “pervertidos”, que demuestran los estigmas históricos, en los cuales los agresores asociados a actores armados ilegales se autodescriben “protectores” y “defensores” de la tranquilidad en sus localidades, justificando su accionar traducidas en un accionar imperante de realizar “limpiezas” para descartar lo que no sirve y genera desorden moral. Otras formas de amenazar empleadas para generar terror en las víctimas han sido las llamadas telefónicas, mensajes de texto y cadenas por redes sociales (Por ejemplo, por Whatsapp) las cuales son nuevas formas para ejercer control acoplabas por la alta difusión.

Con relación a otras vulneraciones contra la vida y la integridad personal durante el 2021, se documentaron 2 tentativas de homicidio/feminicidio, 3 casos de lesiones personales, 4 casos de violencia intrafamiliar y 8 actos de discriminación y hostigamiento, con un total de 17 casos registrados en la región por el Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo, producto del asesoramiento y acompañamiento de la organización.

Estos datos denotan aparentemente una disminución significativa de los hechos violentos en comparación con el 2020, en donde se presentaron 5 tentativas de feminicidio y 13 casos de lesiones personales. Ahora, de los casos documentados, la mayor parte de las lesiones personales se dieron en espacios públicos y con participación o complicidad de terceros, quienes instrumentalizan sexualmente y deshumanizan los cuerpos de las personas LGBTI.

El 71,42% de las amenazas se realizaron mediante panfletos distribuidos en lugares públicos donde se reprodujeron expresiones como “maricas”, “areperas”, “promiscuos”, “desviados” o “pervertidos”, que demuestran los estigmas históricos, en los cuales los agresores asociados a actores armados ilegales se autodescriben “protectores” y “defensores” de la tranquilidad en sus localidades, justificando su accionar traducidas en un accionar imperante de realizar “limpiezas” para descartar lo que no sirve y genera desorden moral. Otras formas de amenazar empleadas para generar terror en las víctimas han sido las llamadas telefónicas, mensajes de texto y cadenas por redes sociales (Por ejemplo, por Whatsapp) las cuales son nuevas formas para ejercer control acoplabas por la alta difusión.

Con relación a otras vulneraciones contra la vida y la integridad personal durante el 2021, se documentaron 2 tentativas de homicidio/feminicidio, 3 casos de lesiones personales, 4 casos de violencia intrafamiliar y 8 actos de discriminación y hostigamiento, con un total de 17 casos registrados en la región por el Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo, producto del asesoramiento y acompañamiento de la organización.

Estos datos denotan aparentemente una disminución significativa de los hechos violentos en comparación con el 2020, en donde se presentaron 5 tentativas de feminicidio y 13 casos de lesiones personales. Ahora, de los casos documentados, la mayor parte de las lesiones personales se dieron en espacios públicos y con participación o complicidad de terceros, quienes instrumentalizan sexualmente y deshumanizan los cuerpos de las personas LGBTI.

Estos datos denotan aparentemente una disminución significativa de los hechos violentos en comparación con el 2020, en donde se presentaron 5 tentativas de feminicidio y 13 casos de lesiones personales. Ahora, de los casos documentados, la mayor parte de las lesiones personales se dieron en espacios públicos y con participación o complicidad de terceros, quienes instrumentalizan sexualmente y deshumanizan los cuerpos de las personas LGBTI.

Por otro lado, en la Región Caribe se tuvo conocimiento de 48 casos de violencia intrafamiliar sobre personas percibidas o autorreconocidas como LGBT. El Observatorio de DDHH de Caribe Afirmativo registró casos de violencia intrafamiliar, cuyas particularidades recaen en el intento de regulación, coacción, corrección y defensa moral, partiendo de prejuicios asociados a personas LGBT. En dos de los casos registrados, se evidenció el uso de un lenguaje persuasivo, control y dominación de las partes, maltrato psicológico y físico, basado en los prejuicios o en los roles de género preestablecido dentro de un sistema sexo-género binario desconocedor de las diversidades.

Por otro lado, frente a violencias contra la libertad, integridad y formación sexual reportan
192 casos de violencia sexual en condición LGBTI dentro del censo realizado hasta la semana 53 de la anualidad anterior. El departamento del Atlántico es el que más registra casos de violencias sexuales con 56 casos, seguido por el departamento de Magdalena 52
respectivamente. Continuados por Bolívar, La Guajira, César, Córdoba, Sucre y San Andrés
respectivamente.

Desde el inicio del proceso de paz, una de las acciones violentas que más se ha incrementado contra los líderes y las lideresas sociales son las amenazas; y entre ellas, a personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Estas amenazas suelen ser constantes y progresivas, y suelen exacerbarse cuando las personas mantienen sus liderazgos LGBTI y su ejercicio constante y visible en sus territorios. Para los grupos armados, la visibilidad es considerada una amenaza en muchos lugares de la región Caribe.

El 2021 estuvo marcado por las amplias movilizaciones sociales en el contexto del Paro
Nacional. En este escenario, las personas LGBTI sufrieron afectaciones particulares a sus
derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, puntualmente la Policía Nacional. Dentro
de los hechos violentos que caracterizaron las movilizaciones, se encuentran los excesos en
el uso de la fuerza en contra de la ciudadanía con cuerpos disidentes bajo el marco del
autoritarismo. En el Observatorio de DD. HH se registraron en total 13 casos de violencia
policial, cifra similar a los 12 casos conocidos en el 2020.

Finalmente, Caribe Afirmativo, espera que este informe sirva de insumo a las autoridades
judiciales para avanzar con celeridad en la investigación de los casos, y teniendo en cuenta
la orientación sexual, identidad y expresión de género de las víctimas puedan determinar la
relación existente entre el hecho violento su OSIGEG diversa; al Estado en sus gobernaciones y alcaldías; para promover políticas públicas que garanticen la protección de la vida y las condiciones de dignidad necesarias para que las personas LGBT encuentren en la región Caribe las garantías para desarrollar su ciudadanía sin detrimento motivado por prejuicios o discriminación y a la sociedad civil caribe, a romper los imaginarios que han naturalizado la violencia y la negación de derechos hacia las personas LGBT y promover una cultura respetuosa de la diversidad, donde ésta sea valorada como una riqueza social y no como un déficit ciudadano.

 

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