Fiscalía imputa a exalcalde de Majagual por presuntas irregularidades en contratos de vías terciarias en la Mojana Sucreña

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  • Otras cuatro personas fueron vinculadas a la investigación. Al parecer, conformaron un entramado de corrupción que se habría apropiado de 13.961 millones de pesos.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a un grupo de
funcionarios y particulares que se habrían concertado para apropiarse de recursos
provenientes de regalías, los cuales estaban destinados para la pavimentación de vías
terciarias en La Mojana sucreña.

Cinco personas fueron identificadas y presentadas ante un juez de control de garantías. Se
trata del exalcalde de Majagual (Sucre), Álvaro Manuel Vanegas Cardozo; el exsecretario de
Planeación municipal, Carlos Andrés Pérez Sotomayor; el exsecretario de Gobierno, Josimar
Romero González; el contratista Javier Eugenio Mizger Pacheco, y el interventor Iván Daniel
Díaz Ramos.

La investigación está relacionada con las fases contractual y de ejecución del contrato 019,
suscrito en diciembre de 2013, cuyo valor ascendió a 15.481 millones pesos y tenía por objeto la adecuación de cuatro vías, durante 15 meses. Adicionalmente, se firmó un contrato de interventoría por 1.083 millones de pesos.

Entre las posibles inconsistencias detectadas, se estableció que los pliegos de condiciones
fueron modificados para que se ajustaran a la experiencia, capacidad técnica y financiera del contratista, el señor Mizger Pacheco. Adicionalmente, para excluir la participación de más oferentes, se estableció una visita técnica, aspecto que vulnera los principios de transparencia y selección objetiva.

De otra parte, las pruebas técnicas a las obras evidenciaron que, presuntamente, se usaron
materiales inadecuados y de baja calidad, que no cumplían con los requisitos dispuestos por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Los estudios también establecieron que se habrían pagado actividades que no se realizaron y estaban sustentadas con áreas, volúmenes y cantidades de obra que no corresponden a la realidad.

En lo que respecta a la interventoría, se conoció que no hubo rigor técnico y se avaló un
proyecto con evidentes fallas. Finalmente, las cuatro vías fueron recibidas a satisfacción por
la administración municipal, sin advertir que algunas presentaban averías en los puntos
intervenidos.

Estas actuaciones ilícitas detectadas generaron un detrimento por 13.961 millones de pesos.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputo a los señalados
involucrados, de acuerdo con su rol y posible participación, delitos como: peculado por
apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y falsedad ideológica en
documento público. Los cargos no fueron aceptados.

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