- La corte constitucional en su sentencia T-630 de 1997, expone la permisión que tienen los conjuntos residenciales para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las cuotas.
Los dueños de conjuntos residenciales y edificios en Colombia, han experimentado aumentos anuales en las cuotas de administración, ajustados de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este incremento, plantea un desafío económico tanto para los administradores como para los residentes.
Según Luis Eduardo García, gerente de Inmobiliaria Valenzuela & CIA LTDA, “es crucial tener en cuenta que el incremento de las cuotas de administración, lo definen las necesidades propias de la propiedad Horizontal, es por esto que es necesario usar medidas que optimicen los gastos, y además, se recomienda crear fondos restringidos para las inversiones grandes y frecuentes de las copropiedades, como una medida para compensar el incremento”
Es precisamente entre febrero y marzo de cada año, cuando se organizan las asambleas de copropietarios de los conjuntos y edificios. Estas reuniones se rigen por la Ley 675 de 2001, en la cual el artículo 29 expone claramente el deber de los propietarios de pagar la administración para el mantenimiento de las áreas comunes.
No obstante, dado que la inflación en el país llegó al 9,28% durante el año 2023, según datos del DANE, se puede presentar como un factor que se refleje en el aumento de la cifra de deudores morosos, quienes suelen evadir el pago argumentando que no tienen el dinero suficiente y que apenas les alcanza para cubrir los gastos de primera necesidad.
Entre las diferentes sanciones que pueden recibir los deudores morosos se encuentran: la publicación de su nombre en las listas de infractores en espacios de amplia circulación, la imposición de intereses por mora, la restricción del uso de bienes comunes no esenciales como zonas de recreación, salones comunales y parqueaderos.
Incluso, si la morosidad persiste, se puede pasar a la acción de cobro jurídico, en donde se involucra a un abogado para comenzar trámites ante un juez, esta medida es mucho más restrictiva, puesto que el juez podría autorizar acciones como imponer un embargo, ejecutar un secuestro de bienes o del salario del deudor.
Esta situación, sin duda, suele impactar negativamente a la comunidad del conjunto residencial, presentándose problemas de convivencia y, además, impidiendo el correcto mantenimiento que demandan las áreas comunes de los edificios y conjuntos.
“El desafío más grande, suele recaer sobre los administradores, quienes se enfrentan a la tarea de hacer cumplir con los derechos y deberes de todos los copropietarios, es por esto; que hoy en día emergen nuevas tecnologías que se presentan como soluciones muy efectivas para hacer de la gestión administrativa un proceso menos costoso”, comenta Albano Laiuppa, CEO de Properix
Es el caso de soluciones tecnológicas integrales al estilo de Properix, que unifican tres sistemas esenciales como lo son las asambleas, la citofonía y la gestión administrativa; permitiendo la automatización de procesos y maximizando los recursos, lo que se puede traducir en un menor aumento de las cuotas de administración.
El CEO de Properix añadió: “Entendemos que el aumento anual en las cuotas de administración, representa un reto para las comunidades residenciales. Es por esto que este software, ofrece una solución tecnológica integral que simplifica la gestión de propiedades y reduce los costos operativos. De esta manera aseguramos que la administración de propiedades sea sostenible y económicamente viable en el largo plazo”
La incorporación de este tipo de plataformas tecnológicas, se percibe en el futuro inmediato como una solución viable a la cual los administradores de conjuntos y edificios ya están buscando recurrir para abordar los desafíos de gestión e incrementos anuales en las cuotas de administración. Estas herramientas son tan eficientes que contribuyen a reducir los índices de morosidad, permitiendo así, mantener la viabilidad financiera y operativa de las propiedades en el contexto económico actual.
